La decisión del Tribunal Supremo de encausar nada menos que al Fiscal General del Estado para averiguar quién filtró un mail nos aboca a una serie de interesantes preguntas. ¿Daña las instituciones el bulo del jefe de gabinete de la presidenta madrileña diciendo que fue el Ministerio Público el que propuso ese pacto? ¿Daña las instituciones que el Supremo quiera matar moscas a cañonazos?
