Cuando los políticos libran una guerra y toman las armas del arsenal del mundo judicial, las batallas se hacen más difíciles de entender. Vemos a un fiscal general investigado por la filtración de unos correos a los que tenían acceso más de 20 personas, vemos a una presidenta de Madrid feliz de esa imputación porque hablamos del fiscal general y no de su pareja –delincuente confeso– y vemos a su jefe de Gabinete convertido en portavoz del Tribunal Supremo por adelantado.
