Álvaro García Ortiz se ha convertido en el primer fiscal general del Estado imputado de la democracia en España y la pregunta legítima es si debe dimitir. De un lado, hay algunas voces que consideran que la Fiscalía solo intentó desmentir algunas informaciones que estaban en el debate público y que no eran ciertas. Pero es verdad que García Ortiz no es un operador jurídico más, es el Defensor del Ministerio Público en España. Es decir, que la credibilidad de la institución no sale ilesa por su imputación.
