Meses después de finalizar su cargo, el exfiscal general Luis Martínez registró en El Salvador una sucursal de la empresa colombiana Adalid Corp., presidida por el ahora comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero. El exfiscal general, condenado por uso ilegal de escuchas telefónicas, viajó varias veces a Colombia e intercambió mensajes y correos con trabajadores de esa compañía para consolidar el negocio en el país. El comisionado presidencial ahora se dice sorprendido y, pese a los mensajes en común, niega haber hecho tratos con Martínez.